Hace casi 25 años asumí el compromiso de apoyar a Pablo Ibar y a su familia en su lucha contra la pena de muerte. Lo hice por una convicción profunda: ningún Estado debería tener el poder de decidir quién vive y quién muere.
Durante años representé a su familia en actos públicos, campañas de sensibilización y movilizaciones ciudadanas. Organizamos rifas para recaudar fondos y promovimos encuentros con organizaciones juveniles de diferentes ideologías políticas. El objetivo era sencillo: defender la vida, el derecho a un juicio justo y la dignidad humana.
He sido testigo del enorme sufrimiento que este proceso ha causado a la familia Ibar, no solo en lo económico, sino también en lo emocional y en la salud de quienes han dedicado su vida a esta causa. La lucha contra la pena de muerte no consiste en justificar delitos ni en olvidar a las víctimas; consiste en defender un principio fundamental: la justicia debe ser firme, pero nunca irreversible.
Hoy, después de tantos años, sigo pensando lo mismo. Una sociedad se engrandece cuando protege la vida, incluso en los casos más difíciles. Por ello, mantengo mi rechazo absoluto a la pena de muerte y mi compromiso con los derechos humanos, la justicia y la dignidad de toda persona.
Antonio Valcárcel Domínguez
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